Nelly Ramírez es una mujer de 45 años que vive en el barrio Caribe, en la ciudad de Medellín. Tiene cuatro hijos, de tres padres diferentes, y se enredó en el mundo de los casinos hace ya 15 años. Vivía sola con sus hijos y los respectivos padres les enviaban dinero, el cual Nelly gastaba completamente en los casinos del centro de la ciudad dejando solos a sus hijos y sin nada que comer. Cuando ellos crecieron y consiguieron trabajos, su madre les robaba el dinero de sus billeteras y todo se lo jugaba. Hoy, su hija mayor, Liliana Ramírez, vive sola con sus hermanos y cuenta que el menor, Daniel, que ya tiene 18 años, está igual de adicto a los casinos que su madre, pues ella misma lo ha llevado y le ha enseñado a jugar en esos lugares para que él le dé dinero que ella pueda apostar. Liliana afirma que su madre nunca ha reconocido su problema y que ya involucró a su hermano menor, quien se gasta hasta la plata del arriendo en los casinos.
Como Nelly, son muchos los casos de adicción al juego en Medellín y en Colombia. Esa adicción se conoce como Ludopatía, según la Fundación Colombiana de Juego Patológico, está descrito como una adicción no farmacológica que cumple con criterios de tolerancia, dependencia y abstinencia.
La Asociación Americana de Psiquiatría (APA) lo incluye en el apartado de trastornos de control de impulsos. El juego patológico no está aún establecido en Colombia, pero se reconoce como causa cada vez más frecuente de consulta psiquiátrica. Particularidades de esta patología incluyen intensa depresión y graves efectos en los campos laboral, familiar y judicial.
Actualmente, a pesar de ser ubicado por los manuales de clasificación en salud mental como un trastorno de control de los impulsos, la línea siquiátrica es la que considera a la ludopatía o juego patológico como una adicción caracterizada por un déficit progresivo en el control del impulso por jugar.
El sicólogo Juan Guillermo Vélez, empleado del centro CITA para la salud mental (uno de los pocos centros en Medellín que se preocupa por el tratamiento de la adicción al juego) explica que en Colombia, los recursos para la salud derivan en gran parte de los impuestos al alcohol, tabaco y juego. Esta situación lleva a una contradicción, donde muchos de los problemas de la salud obtienen recursos de las causas que los generan.
Juan Guillermo enfatiza en la creciente ola de casinos en la ciudad de Medellín. “las ayudas que presta el Estado para que se incentive la inversión extranjera y nacional en los juegos de azar son inmensas. Como sucedió en la Feria Andina de Juegos de Azar (FADJA), donde el Estado aprobó el Centro Nacional de negocios y Exposiciones, Corferias, para el encuentro mundial de fabricantes y operadores de la industria de los juegos de azar. El Estado les concedió un permiso de Zona Franca transitoria para el evento, donde los participantes podrían traer todo tipo de máquinas sin pagar impuestos. Pero, dónde están las ayudas que debe prestar el Estado para combatir el grave problema de salud pública (la ludopatía) que genera el furor de la industria del juego”.
De acuerdo con las cifras de la Fundación Colombiana de Juego Patológico, en chance se apuestan cerca de 375 millones de dólares, en loterías 225 millones y en el resto de juegos 52 millones de dólares, mientras que en juegos ilegales la suma podría alcanzar los 652 millones de dólares. Los colombianos gastan anualmente más de un billón de dólares en juegos de suerte y azar, ya sean legales o ilegales (son ilegales los que no pagan impuestos y no están ubicados en lugares exclusivos para juegos de azar, como las tiendas de barrio, cantinas, entre otros).
La Ley 643 de 2001 fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, donde el Estado tiene facultad exclusiva para explotar, organizar, administrar, operar, controlar, fiscalizar, regular y vigilar todas las modalidades de juegos de suerte y azar.
La finalidad social de la Ley es contribuir, por medio de los impuestos que pagan los juegos de azar, a la financiación del servicio público de salud, de sus obligaciones prestacionales y pensionales e investigación en áreas de la salud. Todo lo anterior se realiza a través de la Empresa Territorial de la Salud ETESA, que es un ente regulador del Estado, y hace parte del Ministerio de Protección Social.
Según la anterior ley, los recursos obtenidos de los impuestos en los juegos de azar, se distribuyen así: El 80% para atender los servicios de salud, el 7% al Fondo de Investigación en Salud, 5% para la tercera edad, el 4% para los discapacitados y para la salud mental y el otro 4% para subsidio de los menores de 18 años que no se encuentran afiliados a ningún servicio de salud.
Por lo tanto sólo el 4%, de los recursos obtenidos se dirige al tratamiento del “problema mental” reconocido por el Estado como Ludopatía. O sea que, de los recursos que se obtienen por el juego y que van dirigidos para la salud, sólo ese pequeño porcentaje se dirige a combatir el problema que genera el mismo juego.
Dentro de las restricciones y prohibiciones que tiene el Estado colombiano con relación a los Juegos de Azar se tienen las siguientes: Ofrecimiento o venta de juegos de azar a menores de 18 años, Ofrecimiento o venta de juegos de azar a enfermos mentales que hayan sido declarados interdictos judicialmente, ofrecimiento o venta de juegos de azar que afecten a los jugadores.
Explica, Juan Guillermo Gutiérrez, que no existen normas o reglas especiales que vayan dirigidas a la protección de los jugadores, por parte del Estado. Además el Gobierno no propone acciones concretas de tipo terapéutico y preventivo para el Jugador con problemas patológicos.
Hugo Mesa, director del sector de mesas en el casino Gran Medellín del Poblado, explicó: “Aquí en Colombia a los casinos no les ponen barreras para funcionar, ponen ciertas normas, pero no les preocupa si hay muchos casinos o si hay gente pobre que se está gastando la poca plata que tiene. En otros países de Europa o Estados Unidos, piden a los clientes una declaración de renta para saber los ingresos y determinar si son aptos para hacer apuestas en el casino. Aquí al Estado sólo le interesa obtener ingresos de los altos impuestos que este negocio genera para la salud y no piensa en las personas que lo pierden todo”.
Ángela Gutiérrez, ex promotora del Casino Caribe en el Centro y trabajadora actual del casino Gran Medellín, en el Poblado, cuenta cómo los casinos le brindan todas las comodidades a los clientes, sin importar el estrato, para que se sientan cómodos, entretenidos y felices; pero se aprovechan de la ambición de la gante por ganar.
“A los casinos del Centro va mucha gente que tiene muchas necesidades y que alguna ves ganaron en los casinos y esa plata les sirvió para pagar sus deudas. Entonces se les crea eso en la cabeza, que (AL LECTOR NUNCA SE LE HABLA CON ABREVIATURAS DE LAS PALABRAS) si van al casino y se juegan la plata del arriendo, la pueden duplicar para los servicios. Esos clientes quedan sin una moneda y se vuelven muy agresivos. En los del poblado la gente tiene sus negocios y el juego es más por placer o hobby. La gran diferencia son las necesidades de lo clientes de cada casino”, dice Ángela.
La Representante a la Cámara, Lucero Cortés, presentó un proyecto de ley que busca prevenir la enfermedad denominada ludopatía o juego patológico, donde le pide al Estado priorizar e implementar recursos y planes sectoriales respectivos, que sirvan de fundamento para adoptar medidas tendientes a desincentivar los hábitos y conductas patológicas relacionadas con el juego; especialmente en la atención de sectores sociales más vulnerables, es decir, la gente que posee más bajos recursos y se gastan el poco dinero que tienen en los casinos. La representante Cortés reiteró que se debe prestar una atención médica especializada a las personas que presenten cuadros de Ludopatía /esta información se puede encontrar en la página del Congreso).
Alberto Hurtado, profesor de historia de la Universidad Eafit, expresó acerca del juego: “deseo poner el debido acento en el verdadero valor del juego, como elemento de recreación y descanso, de relajo y esparcimiento, inclusive en familia, eso sí bajo ciertos parámetros de medida, de manera que no signifique a muchas personas tener que amanecerse jugando y poner a la suerte grandes sumas de dinero. Con esto, obviamente mi postura más que empresarial es más bien valórica. El Estado colombiano, debería cambiar un poco su postura empresarial y pensar en la comunidad, impulsar los casinos para obtener recursos para la salud y a la vez equilibrar la balanza impulsando ampliamente el tratamiento a la enfermedad que generan esos casinos, no darle la espalda al problema creciente de la ludopatía”.
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